Nuestras ideas

Orientar las políticas públicas a lograr el pleno empleo de calidad, consolidar los derechos laborales y proteger integralmente la seguridad y salud en el trabajo. Lucha prioritaria contra la precariedad, el fraude laboral y cualquier forma de explotación.

Impulsar investigación, innovación, desarrollo tecnológico e industrialización. Transformar el modelo productivo mejorando competitividad y productividad a la vez que las condiciones de trabajo y el poder adquisitivo.

Impulsar la intervención estatal para eliminar ineficiencias y excesos en los mercados, desarrollar la iniciativa pública en la economía y garantizar la soberanía en sectores estratégicos.

Reconocer el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental. Promover un parque de vivienda pública en alquiler suficiente, acabar con la especulación y el rentismo, y gestionar el suelo como bien público.

Defender un Sistema Público de Salud unitario y armonizado, promover la inversión pública para modernizar su infraestructura y abanderar la universalidad, gratuidad e igualdad de servicios.

Defender un Sistema Público de Educación universal, gratuito, laico y de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades eliminando discriminaciones económicas y territoriales.

Garantizar una vida digna a las personas receptoras de pensiones con un Sistema Público de Pensiones blindado, garantista, suficiente y justo, asegurando su sostenibilidad con cargo al conjunto de los Presupuestos Generales.

Transformar el sistema de Dependencia para eliminar las desigualdades territoriales, garantizar la equidad en el acceso y dignificar el trabajo de cuidados. Red suficiente de residencias públicas y atención temprana para la infancia.

Erradicar la pobreza infantil, combatir el abuso sexual infantil y proteger a niños y jóvenes de la exposición inadecuada a contenidos digitales. Facilitar a la juventud el acceso a vivienda y condiciones laborales dignas.

Avanzar en conciliación de la vida personal y laboral, racionalizar los horarios laborales y comerciales, garantizar el derecho efectivo a la desconexión digital y promover la reducción progresiva de la jornada laboral.

Defender el Estado social a través de servicios públicos de calidad, igualitarios y con amplia cobertura. Implementar una política de garantía de ingresos unitaria para toda España que asegure las condiciones mínimas de subsistencia digna.

Promover un Sistema Tributario nacional armonizado, justo y suficiente, con marco regulatorio y de gestión unitarios, sin privilegios fiscales ni asimetrías entre territorios.

Defender impuestos especialmente justos y progresivos: Sociedades, IRPF (igualando rentas del trabajo y del capital), Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, armonizados en todo el territorio.

Luchar decididamente contra el fraude, la corrupción, la elusión fiscal y la deslocalización de empresas y capitales. Reforzar la Agencia Tributaria con más recursos y autonomía.

Defender los fundamentos del Estado de Derecho, la presunción de inocencia, la mínima intervención y proporcionalidad del derecho penal. Proteger los derechos digitales de la ciudadanía frente a los retos de la IA y las nuevas tecnologías.

Promover un Sistema de Justicia ágil, eficiente e independiente de los poderes ejecutivo y legislativo. Blindar el derecho a la tutela judicial efectiva mediante asistencia jurídica pública y gratuita dignificada.

Defender la integridad territorial de España, la igualdad efectiva de derechos, deberes y oportunidades de todos los españoles, y promover una reforma constitucional que corrija las asimetrías territoriales.

Defender un Estado unitario, simétrico, igualitario y centralizado, organizado territorialmente con criterios racionales que respondan al bien común. Los municipios como unidad básica con plenas competencias.

Defender el español como lengua común de la ciudadanía española, su uso prioritario en las instituciones públicas y el derecho de cada persona a utilizarlo en todos los ámbitos de la vida, incluyendo estudiar en español como lengua vehicular.

Defender un Estado laico en lo religioso y en lo identitario, la libertad de conciencia, la igualdad de derechos, la justicia social y el bien común desde la condición universal del ser humano.

Promover un sistema electoral proporcional que evite la sobrerrepresentación territorial. Fomentar la participación ciudadana en políticas públicas, el control político y la rendición de cuentas.

Impulsar una administración pública moderna, eficiente y profesional. Simplificar la burocracia, eliminar duplicidades, garantizar la independencia de los empleados públicos y digitalizar la relación con los ciudadanos.

Adoptar medidas contundentes a favor de la transparencia en administraciones y partidos políticos, reforzar los controles internos y de fiscalización del gasto público para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Defender un feminismo de la igualdad basado en el ideal de ciudadanía, luchar contra la discriminación y explotación de la mujer, defender el derecho al aborto libre y seguro, y combatir la violencia machista.

Luchar contra toda discriminación por orientación sexual, garantizando los derechos de todas las personas en plena igualdad. Promover la integración de las personas LGByT fuera de estereotipos.

El Estado debe asumir competencias exclusivas en medioambiente para garantizar una gestión integral y coherente de la transición ecológica, asegurando que las políticas climáticas sean social y económicamente sostenibles.

Promover un modelo energético que priorice la descarbonización y el abaratamiento de la energía, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad económica, con fuerte intervención pública.

Promover una gestión pública, eficiente y equitativa del agua como recurso estratégico, reconociéndola como propiedad del Estado y patrimonio común. El Estado debe asumir competencias exclusivas sobre las políticas hídricas.

Fortalecer la soberanía alimentaria, defender los productos nacionales y garantizar que las importaciones cumplan los mismos estándares de calidad, sostenibilidad y derechos laborales que se exigen en España.

Apertura a una inmigración segura, ordenada y regular mediante una política común europea de asilo y refugio. Usar la inmigración planificada como herramienta estratégica para combatir la despoblación.

Promover una Unión Europea realmente democrática y social, que defienda el interés público de la ciudadanía europea mediante una unión fiscal progresiva, fiscalidad armonizada y presupuesto común ambicioso.

Promover que España tenga un papel fuerte en el mundo, reforzando alianzas con países iberoamericanos y del sur de Europa, y asumiendo la responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental conforme al derecho internacional.

Apostar por un modelo de transporte vertebrador del territorio, ecológicamente sostenible y de competencia estatal, que garantice la accesibilidad universal, la cohesión entre territorios y la descarbonización de la movilidad.